Informe sobre la deuda eterna ecuatoriana

Si la indignación fuera cuantificable seguro superaría el monto de la deuda externa ecuatoriana. Hasta el propio presidente de la República negaba a menudo con la cabeza mientras escuchaba el informe de los comisionados para la auditoría integral del crédito público (Caic).
El público que copaba el auditorio del CIESPAL llegó a pedir la prisión para ex funcionarios como Ana Lucía Armijos, Carlos Larreátegui y Sebastián Pérez; en orden ex gerenta del Banco Central, Procurador de la República y ministro encargado de Finanzas en el gobierno de Sixto Durán Ballén.
Ellos, según, el comisionados Alejandro Olmos, renunciaron unilateralmente a la prescripción de la deuda comercial ecuatoriana. Fueron suscriptores de un documento denominado “Toilling Agreement”, por el cual, se habrían violado las reglas de legitimidad, competencia y poder (pág 40), así se dejó en los suelos el estatuto de limitaciones por el cual se reconoce la prescripción de las deudas cuan éstas no son pagadas durante seis años.
Ecuador, tras develar este hecho, reclamará la nulidad de ese instrumento, que dieron paso a la reconversión en bonos Brady en 1993. Esta fórmula (que solo generó más endeudamiento) terminó en anatocismo, que no es más que pagar intereses sobre intereses.
En los contratos firmados por el país antes casas bancarios como Loyds Bank, Chase Manhattan, Citibank, el país renunció prácticamente a todo: a la jurisdicción, a la inmunidad, a mantener relación con organismos multilaterales, a realizar reclamos, en fin se obligó al país a someterse a la voluntad de los acreedores.
La situación es tan increíble que el domicilio ecuatoriano, estaba en el despacho de los abogados de los acreedores, que hacían hasta las traducciones de los textos al español.
Para el 2000, esa deuda, como demostró el informe pletórica de irregularidades, se canjeó por bonos global. Según la página 47 del informe, “Hubo una reestructura de la deuda, bajo la figura de canje que se encontraba vencida, según tablas de amortización”.
“La operación fue realizada por una sola institución Salomón Smith Barney (Citicorp), la misma que propuso la reestructura, administró el canje y la efectivización de la garantía colateral, conjuntamente con la Comisión Negociadora de la Deuda. Además, la operación tuvo el carácter de secreta, por lo que no hubo información pormenorizada de respaldo en las entidades responsables”. En fin, son más de 15 “abusos”, según el informe, de la banca internacional en contra del país a partir de la emisión de los Bonos Global.
El Presidente de la República aseguró que tras esta información no se “pagará la deuda ilegítima” y los responsables “deberán pagar con sus bienes”. De su parte, el Fiscal, Washigton Pesántez, anunció que se revisará la “abundante información”, para iniciar las indagaciones previas y el plazo para la recepción de las declaraciones de los supuestos involucrados.
Karina Sáenz, vicepresidente de la Comisión, precisó las dificultades existentes en la búsqueda de la información, “De 18 instituciones a las que solicitamos datos, cuatro respondieron”, ni la Junta de Defensa, ni la Alcaldía de Guayaquil, habrían proporcionado información.
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea, rescató que por primera vez, la auditoria de la deuda externa e interna, “esto hace una nuevo forma de relacionarnos con las finanzas internacionales”. Para el autor de la “Deuda Eterna”, el único mal sabor de boca, que queda es que conociendo estos antecedentes, la Asamblea le dio la amnistía a Gustavo Noboa, ex presidente de la República. “Muchas de las cosas aquí citadas están en mi libro, solo que yo no tenía los documentos”, concluyó.

Dr. José Rafael Núñez Rodas

Vínculo
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