No hay dudas que el Consejo Nacional de Educación Superior, en el último período, dos años, como bien lo dice su Presidente en carta dirigida a El Telégrafo, efectuó gestiones y cabildeos para detener la estafa académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y el resultado fue la expedición de un Mandato por parte de la Asamblea Constituyente el 22 de julio de 2008.
No obstante, los dos últimos años de administración del CONESUP, no borran las irregularidades cometidas en el quinquenio anterior a la actual administración; quinquenio en el cual el ‘visado’ de decenas de universidades y de institutos de educación superior, proliferó como nunca antes se había visto en el país.
Parecía que la explosión demográfica de estudiantes llevaba implícita la demanda de centros de estudios superiores que solo una gran oferta podía cubrir. Esa política discrecional es la que se pretende frenar a través del proyecto de nueva Constitución. Así, la investigación de las universidades -públicas y privadas- que plantea el documento no debería espantar a las autoridades universitarias, más bien serviría para rendir cuentas sobre los procedimientos que han guiado a las administraciones de cada predio. Si el CONESUP tiene una parte de responsabilidad en el ‘permiso’ de funcionamiento de un porcentaje de universidades, éstas –también- tienen obligaciones respecto de su manejo académico y económico.
Una investigación exhaustiva del trabajo universitario, por parte del CONESUP y/o de otro organismo creado para este fin, solo validaría que la autonomía universitaria tiene virtudes difícilmente revocables.
Pero si la evaluación revela discrecionalidad extrema –en el área económica-, bajos niveles académicos, etc., tales condiciones merecerían un tratamiento especial, vale decir, una sanción concreta.
No obstante, los dos últimos años de administración del CONESUP, no borran las irregularidades cometidas en el quinquenio anterior a la actual administración; quinquenio en el cual el ‘visado’ de decenas de universidades y de institutos de educación superior, proliferó como nunca antes se había visto en el país.
Parecía que la explosión demográfica de estudiantes llevaba implícita la demanda de centros de estudios superiores que solo una gran oferta podía cubrir. Esa política discrecional es la que se pretende frenar a través del proyecto de nueva Constitución. Así, la investigación de las universidades -públicas y privadas- que plantea el documento no debería espantar a las autoridades universitarias, más bien serviría para rendir cuentas sobre los procedimientos que han guiado a las administraciones de cada predio. Si el CONESUP tiene una parte de responsabilidad en el ‘permiso’ de funcionamiento de un porcentaje de universidades, éstas –también- tienen obligaciones respecto de su manejo académico y económico.
Una investigación exhaustiva del trabajo universitario, por parte del CONESUP y/o de otro organismo creado para este fin, solo validaría que la autonomía universitaria tiene virtudes difícilmente revocables.
Pero si la evaluación revela discrecionalidad extrema –en el área económica-, bajos niveles académicos, etc., tales condiciones merecerían un tratamiento especial, vale decir, una sanción concreta.
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