Artículo escrito por J. Paz y Miño Cepeda para El Telégrafo
Entre 1979 y 2006 Ecuador vivió un ciclo político de su historia contemporánea. Le caracterizó la progresiva construcción de una economía empresarial, la consolidación de un Estado de partidos y la desinstitucionalización del Estado-Nación.
A favor de la construcción de la economía empresarial obraron los altos empresarios, las cámaras de la producción y particularmente los gobiernos de León Febres Cordero (1984-1988) y Sixto Durán Ballén (1992-1996), aunque los gobiernos de la última década continuaron la línea trazada. También actuó un contexto internacional determinado por el capital transnacional, el derrumbe del socialismo, la difusión de la ideología neoliberal y los condicionamientos del FMI para privilegiar el pago de la deuda externa latinoamericana. De este modo se impusieron los valores e ideales del mercado libre y los intereses privados sobre los de la sociedad y el Estado.
Acompañó a este proceso la afirmación de una clase política ligada a los partidos institucionales que, por sobre una serie de individualidades honestas y respetables, concentró sus actuaciones en el dominio de los principales aparatos del Estado y particularmente del Congreso. Esa “clase” manejó nombramientos, componendas, amarres y juegos políticos, generando un estilo de acción que la desprestigió.
Todo ello alimentó la pérdida de la misión de las funciones estatales y el descalabro de los servicios públicos, víctimas de las ideas sobre retiro del Estado y privatización. El Congreso, la función Judicial y el Ejecutivo perdieron credibilidad. La gobernabilidad se derrumbó al punto que entre 1996-2006 se sucedieron ocho gobiernos, con los únicos tres mandatarios electos por votación popular, pero destituidos: Bucaram, Mahuad y Gutiérrez.
“La gobernabilidad se derrumbó y entre los años 1996-2006 se sucedieron ocho gobiernos…”
En los últimos veinticinco años se consolido el poder de una elite oligárquico-empresarial, en tanto las condiciones de vida y trabajo de la población se deterioraron y la emigración de ecuatorianos se disparó.
Pero ese poder construido acumuló resistencias, movilizaciones y luchas que desde 2006 han logrado sucesivas victorias. Con ello, el Ecuador experimenta el cierre de un ciclo político y la apertura de otro, que busca una economía “social y solidaria”, construir bases para un poder ciudadano alternativo y para retomar la edificación de la institucionalidad del Estado-Nación.
En ese camino, la nueva Constitución es un eslabón más en el proceso de la lucha por el poder a favor de los sectores populares, progresistas, demócratas y de izquierda más amplios. Una oportunidad inédita en la historia ecuatoriana contemporánea, que ha provocado la reacción y resistencia sobre todo de las elites empresariales, las cámaras de la producción, la clase política tradicional y otros sectores identificados con estas “derechas” nacionales.
Pero el eventual triunfo del SI no concluye el proceso. Tocará luego triunfar en los procesos electorales, dictar las nuevas leyes y construir el efectivo poder ciudadano, para garantizar que los cambios se vuelvan efectivos y se prolonguen en el tiempo.
Entre 1979 y 2006 Ecuador vivió un ciclo político de su historia contemporánea. Le caracterizó la progresiva construcción de una economía empresarial, la consolidación de un Estado de partidos y la desinstitucionalización del Estado-Nación.
A favor de la construcción de la economía empresarial obraron los altos empresarios, las cámaras de la producción y particularmente los gobiernos de León Febres Cordero (1984-1988) y Sixto Durán Ballén (1992-1996), aunque los gobiernos de la última década continuaron la línea trazada. También actuó un contexto internacional determinado por el capital transnacional, el derrumbe del socialismo, la difusión de la ideología neoliberal y los condicionamientos del FMI para privilegiar el pago de la deuda externa latinoamericana. De este modo se impusieron los valores e ideales del mercado libre y los intereses privados sobre los de la sociedad y el Estado.
Acompañó a este proceso la afirmación de una clase política ligada a los partidos institucionales que, por sobre una serie de individualidades honestas y respetables, concentró sus actuaciones en el dominio de los principales aparatos del Estado y particularmente del Congreso. Esa “clase” manejó nombramientos, componendas, amarres y juegos políticos, generando un estilo de acción que la desprestigió.
Todo ello alimentó la pérdida de la misión de las funciones estatales y el descalabro de los servicios públicos, víctimas de las ideas sobre retiro del Estado y privatización. El Congreso, la función Judicial y el Ejecutivo perdieron credibilidad. La gobernabilidad se derrumbó al punto que entre 1996-2006 se sucedieron ocho gobiernos, con los únicos tres mandatarios electos por votación popular, pero destituidos: Bucaram, Mahuad y Gutiérrez.
“La gobernabilidad se derrumbó y entre los años 1996-2006 se sucedieron ocho gobiernos…”
En los últimos veinticinco años se consolido el poder de una elite oligárquico-empresarial, en tanto las condiciones de vida y trabajo de la población se deterioraron y la emigración de ecuatorianos se disparó.
Pero ese poder construido acumuló resistencias, movilizaciones y luchas que desde 2006 han logrado sucesivas victorias. Con ello, el Ecuador experimenta el cierre de un ciclo político y la apertura de otro, que busca una economía “social y solidaria”, construir bases para un poder ciudadano alternativo y para retomar la edificación de la institucionalidad del Estado-Nación.
En ese camino, la nueva Constitución es un eslabón más en el proceso de la lucha por el poder a favor de los sectores populares, progresistas, demócratas y de izquierda más amplios. Una oportunidad inédita en la historia ecuatoriana contemporánea, que ha provocado la reacción y resistencia sobre todo de las elites empresariales, las cámaras de la producción, la clase política tradicional y otros sectores identificados con estas “derechas” nacionales.
Pero el eventual triunfo del SI no concluye el proceso. Tocará luego triunfar en los procesos electorales, dictar las nuevas leyes y construir el efectivo poder ciudadano, para garantizar que los cambios se vuelvan efectivos y se prolonguen en el tiempo.
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